viernes, 8 de octubre de 2010

Ministro de Trabajo presenta Plan Operativo sobre la Ley 87-01


Santo Domingo, Rep. Dom.-El Ministerio de Trabajo y Presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Max Puig, realizó la Tercera Reunión de Evaluación con los Representantes Locales de Trabajo donde se presentó el Plan Operativo sobre el Cumplimiento de la Ley 87-01, que establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Puig valoró la transformación decisiva que ha hecho la Ley 87-01 a todo el régimen de la seguridad social, al tiempo que reconoció la gradualidad en el cumplimiento de las acciones que establece dicha ley y lo complejo del sistema, al tiempo de resaltar el papel que han jugado los mecanismos fundamentales de vigilancia del sistema, entre los que se encuentra la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), entre otros.

El Plan Operativo recoge, según Puig, aspectos fundamentales, como son el incremento de la responsabilidad social de los actores del sistema, el alcance de los objetivos que faciliten el pase de la formulación a las realizaciones prácticas y establecer sinergias entre las instituciones del sistema.

“En el CNSS se trabaja para producir el cumplimiento y aplicación de la ley, que establece que, en términos del levantamiento de infracciones, la responsabilidad está a cargo del Ministerio de Trabajo y de forma específica, de su cuerpo de inspectores”, dijo Puig.


“El Plan Operativo establece dos objetivos generales, como son afiliar a los trabajadores no inscritos en la seguridad social e incidir en la dimerización de los afiliados al sistema”, destacó.

Recordó que la Seguridad Social se prevé como universal, pero que a pesar de esto, el resultado es desigual.

Dijo que en cuanto a empleados y funcionarios del Estado se ha alcanzado el 100% en lo relativo a la inscripción de los trabajadores, lo que no se ha logrado aún en lo relativo a los trabajadores privados, pese a los encomiables esfuerzos realizados por el sector privado, favoreciendo un porcentaje importante de afiliación, que alcanza el 80% del personal.

“Otras situaciones que se producen son las que tienen que ver con los funcionarios y empleados de instituciones autónomas y descentralizadas y los ayuntamientos, áreas sensibles en las que tenemos ciertas limitaciones”, dijo.

Agregó que a pesar de que se votó una ley de amnistía para reducir el déficit de afiliación, todavía existe un rezago en la misma.

“Con el logro de este objetivo alcanzaremos la protección de una franja importante de empleados y avanzaremos hacia la universalización del sistema y la formalización del empleo que gira en torno al trabajo decente “, sostuvo.

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