Santo Domingo, Rep. Dom.- El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo identificó este miércoles la caída de los ingresos estatales como la primera razón por la que el presidente Leonel Fernández sometió al Congreso un proyecto de ley de reforma fiscal.
Temístocles Montás identificó a los sectores pudientes y no a los sectores pobres como los más afectados por las reformas impositivas, las que incrementará los gravámenes a los juegos de azar, a las viviendas tipificadas suntuarias y a los activos financieros de las instituciones de este sector.
La segunda razón es que “el Gobierno está obligado” a darle respuesta a los reclamos de que sea destinado a la educación el 4% del producto interno bruto (PIB), dijo Montás.
E
l proyecto del Ejecutivo estima porcentualmente las recaudaciones tributarias por concepto de las modificaciones de entre 1.5 y 2% del Producto Interno Bruto para elevar la presión tributaria a 15% del PIB, estimada actualmente por las autoridades en 13%.
Montás justificó la propuesta impositiva en que en lo que va de este año las recaudaciones del Gobierno no han ido en correspondencia con las proyectadas, “por lo que, no actuar, implicaría problemas con el Fondo Monetario Internacional”.
Recordó que el Gobierno se había comprometido con ese organismo financiero multinacional a terminar este año con un déficit fiscal equivalente al 1.6% del Producto Interno Bruto, por lo que el objetivo de la reforma tributaria es mejorar los ingresos.
“Si no mejoran, no cumpliríamos dicha meta, lo que pondría en peligro la estabilidad de la economía, porque implicaría una ruptura del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, previno el funcionario.
Identificó como la segunda razón del proyecto que “el Gobierno está obligado a darle una respuesta a los reclamos ciudadanos de más recursos a la educación”, y rememoró el vasto movimiento social que a finales del año pasado se generó en el país en reclamo de que fuera destinado a ese sector el 4% del producto interno bruto.
El proyecto de reforma consigna también medidas para mejorar la administración tributaria, reduce las exenciones y establece gravámenes sólo a las actividades consideradas promotoras de externalidades negativas para la sociedad.
Aumenta de 0.5 a 5% las retenciones a los pagos de instituciones estatales y sus dependencias, incluidas las empresas estatales y los organismos descentralizados y autónomos a personas físicas y jurídicas por adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados con relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta.
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